La Ley de Vagos y Maleantes resucita después de más de 33 años enterrada, a través de la ordenanza que el Ayuntamiento de Granada aplicará a partir de finales de julio. Penas para mendicantes, vándalos y por escándalo público.
La Ley, que data de la Segunda República, fue modificada en 1954 por la dictadura para incluir en ella como delincuentes a los homosexuales. Los más de 180 artículos de la nueva Ordenanza de Convivencia aprobada por el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, no se atreven a tanto. Sin embargo, sí que sancionarán económicamente el uso de monopatín o pelota en espacios públicos, las pintadas, la instalación de pancartas o reparto de folletos y octavillas.
Hasta 1.500 euros puede costar aliviar las necesidades fisiológicas en la vía pública y hasta 3.000 euros mendigar o practicar sexo (sin necesidad de que haya transacción económica de por medio). Esta Ordenanza ha sido redactada por un Observatorio formado por todos los grupos políticos con representación en el Consistorio.
Sus repercusiones no se han hecho esperar. Con respecto a la mendicidad, Izquierda Unida se ha mostrado reacia a aprobar el texto, ya que considera los artículos del borrador demasiado “restrictivos”. Según el edil Francisco Puentedura, una normativa que busca fomentar el civismo y la convivencia no puede “sancionar económicamente [hasta con 3.000 euros] al que lucha día a día para sobrevivir”. Además, según el texto, los artistas ambulantes y callejeros, músicos, mimos, magos o malabaristas, también serían delincuentes, ya que, literalmente, la ordenanza prohibirá “el ofrecimiento de cualquier bien y servicio a personas que se encuentren en vehículos privados y públicos” y “las actividades que puedan obstruir el tráfico rodado (…) o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de los peatones por los espacios públicos”.
La parte más positiva de esta Ordenanza es que la mendicidad encubierta, intrusiva o agresiva también será perseguida, por lo que la Policía Local tendrá que controlar que no se utilicen a menores o a mujeres para pedir. Del mismo modo, tendrán que perseguir también a los conocidos aparcacoches o gorrillas.
La siesta también estará protegida por derecho, ya que “con carácter general se prohíbe cualquier tipo de actividad molesta entre las 15 y 17 horas”. También se establece un horario para mover sillas, mesas o armarios, ya que “las reparaciones domésticas, cambios de muebles se efectuarán entre las 8 y las 21 en días laborables y entre las 10 y las 20 festivos y vísperas”.
Sin embargo, la medida más polémica es la de la prohibición de “la práctica, el ofrecimiento y la demanda de actos sexuales en lugares públicos”, una medida que se ha tomado exclusivamente para poder prohibir la prostitución en la ciudad, aunque no sea ningún delito registrado en el Código Penal.
La postura del Consistorio granadino es de momento única en España, ya que podrá multar con sanciones que oscilan entre los 300 y los 3000 euros a toda aquella persona a la que los agentes encuentren practicando sexo en la vía pública en varias ocasiones.
Otras ciudades como L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Lleida o Barcelona ya tienen vigor Ordenanzas de Convivencia similares. En Barcelona, son sancionados los demandantes de sexo y en Lleida, tanto las prostitutas como sus clientes.
Pero en Granada va mucho más lejos y no sólo se criminaliza a las trabajadoras del sexo y a los que pagan por sus servicios, sino que se podrá sancionar a cualquier pareja que, a juicio de los agentes locales, haya sido amonestada en al menos dos ocasiones por practicar sexo en la vía pública. Más allá de la capacidad de la Policía Local para discernir sobre el grado de intimidad en las relaciones sexuales de una pareja, se esconde la velada protesta de los vecinos de la Carretera de Jaén, un supermercado del sexo abierto 24 horas frente a las casas de miles de granadinos.
Éstos, hartos de la suciedad y de escenas pornográficas a las puertas de sus garajes se organizaron para pedir al Ayuntamiento que erradicase la prostitución de su barrio. El Ayuntamiento respondió suspendiendo las pequeñas colaboraciones que aportaba a organizaciones como Cruz Roja, que trabajaban atendiendo a las chicas de la Carretera de Jaén en sus necesidades sanitarias, de información sobre sus derechos o de ayuda para buscar una alternativa laboral.
El concejal de Participación y Seguridad ciudadana, adalid de esta iniciativa, reconoce que “aunque la prostitución no es un problema en Granada en estos momentos, la ordenanza evita que esta actividad en la calle afecte a la convivencia ciudadana y establece al mismo tiempo medidas sociales como el Programa para la ordenación del Trabajo Sexual, que debe dar salida a la situación actual”.
De este programa nada se sabe aún, pero sí de las más de 400 identificaciones de clientes y trabajadoras sexuales que ha efectuado la policía en esta famosa carretera, que sirven para que estas personas ya estén en su fichero de amonestados. Además, la Ordenanza delimitará las zonas donde se podrá ejercer la prostitución, estableciendo perímetros de “seguridad” alrededor de colegios, zonas residenciales o turísticas.
Esta medida disuasoria ha provocado una desbandada de mujeres que, asustadas por las sanciones o la posibilidad de verse sin trabajo, se han dispersado por todos los pueblos del área metropolitana de Granada o se han trasladado a carreteras o polígonos donde se encuentran más desprotegidas y con menos recursos.
Organizaciones como la Federación de Mujeres Progresistas o la Asociación pro-Derechos Humanos de Andalucía en colaboración con Acción en la Red han denunciado que tras tanta ansia de civismo se esconde únicamente el afán recaudatorio de este Ayuntamiento, que “en ningún momento ha tenido en cuenta a las verdaderas víctimas de esta situación para ayudarlas, sino para perseguirlas”. Y las cuentas están claras: 400 identificaciones en el último mes, que hubiesen sido 400 denuncias a 3.000 euros cada una, por encontrarse cerca de urbanizaciones o lugares comerciales (incluso la estación de autobuses). En 30 días el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), habría conseguido recaudar 1.200.000 euros sólo en la Carretera de Jaén.
Desde el Consistorio afirman que representantes del colectivo Mujeres de la noche que buscan el día estaban presentes en la mesa de negociación y redacción del borrador de la Ordenanza. Sin embargo, desde esta asociación con sede en Alicante aseguran que no tenían conocimiento de la existencia de esta nueva Ordenanza.
Todas las asociaciones coinciden en que se intenta apagar la voz de las trabajadoras del sexo, a las que se les quita su modo de subsistencia y no se les proporciona ninguna alternativa. Las sanciones “introducen un elemento más de miedo y represión”, según la APDHA.
**Foto: Arsenio Zurita
